Por Rafael Santacruz Lima*
A casi dos décadas de la reforma constitucional de 2008, es frecuente escuchar que el Sistema Penal Acusatorio “no funciona”. Cada vez que una persona imputada recupera su libertad o un juez rechaza una acusación por falta de pruebas, la responsabilidad suele atribuirse al modelo de justicia penal. Pero, ¿es realmente el sistema el que ha fallado o son las instituciones encargadas de hacerlo funcionar?
La reforma de 2008 representó uno de los cambios más importantes en la historia jurídica de México. Su objetivo fue sustituir un modelo predominantemente escrito por uno oral, transparente y respetuoso de derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. La intención era construir una justicia más imparcial, eficiente y cercana a la ciudadanía.
Los avances son evidentes. Hoy las audiencias son públicas, las decisiones judiciales deben estar debidamente fundamentadas y la defensa participa en igualdad de condiciones frente a la acusación. Además, se fortaleció la protección de las víctimas y se incorporaron mecanismos alternativos para resolver determinados conflictos de manera más rápida.
Sin embargo, el sistema continúa enfrentando importantes desafíos, muchas investigaciones siguen siendo deficientes, las fiscalías padecen sobrecarga de trabajo, los servicios periciales son insuficientes y la profesionalización de los operadores aún presenta importantes desigualdades. Estas deficiencias afectan la calidad de los procesos y alimentan la percepción de que el sistema genera impunidad.
Con frecuencia se responsabiliza a los jueces cuando una persona queda en libertad, pero pocas veces se analiza si la investigación fue sólida o si la acusación estuvo respaldada por pruebas suficientes. En un Estado de derecho, un juez no puede condenar por presión social ni suplir las deficiencias de una investigación. Su obligación es resolver conforme a la Constitución, la ley y las pruebas presentadas durante el proceso.
Ello no significa desconocer el derecho de las víctimas a obtener justicia. Al contrario, una justicia efectiva exige fiscalías más fuertes, policías de investigación mejor capacitadas, servicios periciales modernos y ministerios públicos técnicamente preparados. Sin instituciones sólidas, ningún modelo procesal puede alcanzar los resultados que la sociedad demanda.
Por ello, quizá la pregunta ya no sea si el Sistema Penal Acusatorio funciona, la verdadera reflexión consiste en preguntarnos si el Estado mexicano ha fortalecido suficientemente a las instituciones encargadas de hacerlo realidad.
Más que sustituir el modelo, el reto consiste en consolidarlo, la justicia penal no depende únicamente de las normas que la regulan, sino de la calidad con la que las instituciones investigan, acusan, defienden y juzgan, solo entonces podremos evaluar con objetividad si la reforma de 2008 cumplió la promesa de ofrecer una justicia más eficaz, transparente y respetuosa de los derechos de todas las personas.
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*Profesor-investigador de Tiempo Completo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores-Conahcyt (Nivel 1).