- Lorena ordena a los diputados que le aprueben sus cuentas públicas antes de que se vaya
El Petardo / La Opinión de Adolfo Tenahua Ramos
Quedan pocos meses para que termine la podrida Nueva Historia, pero antes de irse, la mandataria estatal decidió presentarle al Poder Legislativo una reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios, bajo la intención de que los diputados le aprueben sus cuentas públicas antes de que se vaya y, de paso, los propios congresistas también palomeen sus estados financieros, para que al término de sus respectivas administraciones queden libres de toda culpa.
Hay que reconocer el arduo desempeño de los diputados para darle trámite a una orden de su jefa, porque el documento llegó ayer, martes 26 de mayo, a la Oficialía de Partes del Palacio Juárez; hoy por la tarde se le dará trámite en comisiones unidas con carácter aprobatorio y mañana la subirán al Pleno solo para cumplir los términos legales.
Desde luego que el cinismo está encaminado únicamente a blindar a la “Jefa del Estado Más Criminal del País” y, de paso, los asambleístas también aprovecharán la oferta, con lo que los beneficios se verán nutridos al dos por uno.
Lo complicado será para los municipios, quienes se verán encerrados en términos cortos; no les dará tiempo de cumplir con las nuevas disposiciones y serán reprobados. Una vez cayendo en la tela del juicio, se procederá a la presión política para que, al final, sea beneficiado el proyecto del delfín lorenista.
Reforma a modo:
Las comisiones unidas del Congreso local aprobarán una polémica reforma impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para modificar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios, lo que ya genera cuestionamientos por los nuevos plazos y controles planteados en plena transición política.
Aunque el discurso oficial sostiene que las modificaciones buscan “modernizar” y “agilizar” la fiscalización, la iniciativa podría abrir espacio para acelerar revisiones de cuentas públicas en momentos políticamente sensibles y reducir el tiempo de análisis profundo sobre el manejo de recursos públicos.
La propuesta plantea que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) entregue anticipadamente al Congreso los Informes Individuales de auditorías correspondientes al primer y segundo trimestre, particularmente en años de renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo, lo que para algunos sectores podría representar presión política sobre los procesos de revisión.
ARTÍCULO 35.
“En el año de elecciones para la renovación de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, las Cédulas de Resultados que contengan las observaciones y recomendaciones del primer y segundo trimestre de esos entes fiscalizable y de las dependencias y entidades que correspondan, serán notificadas por el OFS, a más tardar el veinte de julio del mismo año, otorgando un término improrrogable de diez días naturales, contados a partir de su notificación, para presentar su propuesta de solventación. El OFS emitirá los Resultados de Solventación, cuya notificación deberá realizarse al ente fiscalizable de manera previa a la presentación de los Informes Individuales al Congreso”.
“Las observaciones y recomendaciones que no sean solventadas, serán incluidas en los Informes Individuales, sin perjuicio de la promoción de las acciones en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables”.
Otro de los puntos es la digitalización obligatoria de documentos financieros y comprobatorios de municipios y dependencias, medida que si bien se presenta como avance tecnológico, también despierta dudas sobre la capacidad real de muchos ayuntamientos para cumplir con nuevos requisitos administrativos sin caer en errores o inconsistencias.
Además, la reforma mantiene la responsabilidad directa sobre la documentación en presidentes municipales, síndicos, tesoreros y directores de obra, en un contexto donde varios municipios enfrentan observaciones recurrentes y problemas financieros.
ARTÍCULO 46. …
“En el año de elecciones para la renovación de los ayuntamientos de los municipios, el OFS entregará los Informes Individuales de las auditorías practicadas del primer y segundo trimestre de la Cuenta Pública de los entes fiscalizables al Congreso, a través de la Comisión, a más tardar el día 1° de octubre de ese año, mientras que los trimestres restantes se sujetarán al periodo ordinario de presentación y dictaminación del siguiente ejercicio fiscal”.
“En el año de elecciones para la renovación de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, el OFS entregará al Congreso, a través de la Comisión, los Informes Individuales de las auditorías practicadas del primer y segundo trimestre de la Cuenta Pública de esos entes fiscalizables y de las dependencias y entidades según corresponda, a más tardar el día dieciocho de agosto de ese año, mientras que los trimestres restantes se sujetarán al periodo ordinario de presentación y dictaminación del siguiente ejercicio fiscal”.
En el dictamen, las comisiones justifican la reforma bajo el argumento de hacer más eficiente la fiscalización y evitar acumulación de expedientes; sin embargo, el Congreso debería enfocarse primero en transparentar resultados de auditorías pendientes y sancionar irregularidades antes de modificar plazos y procedimientos.
Este esquema podría facilitar que temas delicados relacionados con observaciones financieras, manejo de recursos o posibles irregularidades sean procesados bajo tiempos controlados políticamente y no en medio de la presión pública que suele darse al cierre de sexenio, lo que ha sido interpretado como un posible blindaje que pretende hacer la mandataria para que no se le exija la rendición de cuentas ni se le realicen observaciones por presuntas irregularidades que pudieran detectarse.
La iniciativa también ha sido vista como una estrategia para reorganizar tiempos de revisión y dictaminación de cuentas públicas justo en un escenario de cambio de administraciones, donde históricamente surgen observaciones, señalamientos y disputas por el manejo del dinero público.
Pese a ello, el proyecto continúa avanzando en el Poder Legislativo, donde se prevé su aprobación de manera urgente.
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