Por Rafael Santacruz Lima*
Hablar de seguridad pública en México ya no es únicamente hablar de delitos; es hablar de la vida cotidiana de millones de personas que modifican sus rutinas por miedo. El problema de la inseguridad dejó de ser una percepción aislada para convertirse en una realidad estructural que afecta la economía, la confianza institucional y el propio Estado de derecho.
México atraviesa desde hace años una crisis de violencia vinculada con diversos factores: corrupción, impunidad, debilidad policial, expansión del crimen organizado, desigualdad social y falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Aunque en los últimos meses algunas cifras oficiales muestran una disminución en homicidios dolosos, la percepción ciudadana continúa siendo alarmante.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2024 aproximadamente 23.1 millones de personas mayores de edad fueron víctimas de algún delito en México. La tasa nacional alcanzó 24,135 víctimas por cada 100 mil habitantes.
A ello se suma un dato aún más preocupante: la llamada “cifra negra”. La mayoría de los delitos no se denuncian o no generan una carpeta de investigación. Esto significa que existe una enorme distancia entre la delincuencia real y la delincuencia registrada oficialmente.
La percepción social confirma el deterioro. Más del 60 % de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Las mujeres reportan mayores niveles de miedo que los hombres, especialmente en espacios públicos, transporte y cajeros automáticos.
El problema de fondo no es únicamente el número de delitos, sino la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de prevenirlos. En muchas regiones del país, la ciudadanía percibe que el crimen organizado tiene mayor capacidad de control territorial que las propias autoridades. Estados como Sinaloa, Colima, Guerrero o Michoacán reflejan cómo la violencia criminal puede alterar la vida económica, educativa y social de comunidades enteras.
Además, la violencia ya no se limita al narcotráfico, es decir, hoy existen delitos de alto impacto social como la extorsión, el cobro de piso, el fraude y las desapariciones, fenómenos que afectan directamente a comerciantes, estudiantes, transportistas y familias enteras.
Frente a este escenario, resulta evidente que México no resolverá el problema únicamente con más patrullas o más elementos armados. La seguridad no puede reducirse a una estrategia reactiva; debe construirse desde una política integral de prevención y fortalecimiento institucional.
Una alternativa real de solución exige, al menos, cinco acciones fundamentales:
1. Profesionalización policial real
México necesita corporaciones policiacas capacitadas, bien pagadas y supervisadas. Mientras continúe la corrupción y precariedad laboral en muchas policías municipales, será difícil recuperar la confianza ciudadana.
La profesionalización no debe limitarse al uso de la fuerza, sino incluir formación en derechos humanos, proximidad social, inteligencia policial y manejo de crisis.
2. Combate efectivo a la impunidad
No basta detener delincuentes si el sistema de procuración de justicia es lento o ineficiente. La investigación criminal debe fortalecerse mediante inteligencia, tecnología y ministerios públicos especializados.
La impunidad sigue siendo uno de los mayores incentivos para la delincuencia. Cuando la ciudadanía percibe que denunciar no sirve o que los responsables nunca serán sancionados, el Estado pierde legitimidad y se fortalece la desconfianza institucional.
3. Prevención social y reconstrucción del tejido comunitario
La seguridad no puede construirse únicamente con patrullas, armas o más elementos policiales. La verdadera prevención comienza mucho antes del delito y requiere atender las causas sociales que favorecen la violencia.
En muchas regiones de México, el crimen organizado ha ocupado espacios donde el Estado ha sido ausente: comunidades sin oportunidades laborales, jóvenes sin acceso a educación, familias desintegradas y zonas con abandono institucional. Mientras estas condiciones persistan, cualquier estrategia de seguridad será solamente reactiva y temporal.
La prevención debe incluir:
– Programas educativos y culturales permanentes;
– Rescate de espacios públicos;
– Atención psicológica y comunitaria;
– Combate a las adicciones;
– Generación de empleo para jóvenes;
– Fortalecimiento familiar;
– Y participación ciudadana en políticas de seguridad.
Además, resulta indispensable recuperar la presencia real del Estado en colonias y municipios donde actualmente la delincuencia ejerce control social y económico.
Un aspecto que pocas veces se discute es que la violencia también se aprende y se normaliza. Cuando generaciones completas crecen rodeadas de corrupción, impunidad y criminalidad, la percepción de legalidad desaparece. Por ello, la prevención debe ir acompañada de educación cívica, fortalecimiento ético e instituciones confiables.
La seguridad no debe entenderse solamente como ausencia de delitos, sino como la posibilidad de vivir con dignidad, libertad y tranquilidad.
4. Recuperación de la confianza ciudadana
Sin denuncia y participación social, el Estado pierde capacidad de reacción. La ciudadanía debe volver a creer que denunciar sirve y que la autoridad protege, no amenaza.
México enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia contemporánea. La inseguridad no solamente mata personas; también destruye libertades, limita proyectos de vida y normaliza el miedo, es decir, combatirla requiere algo más profundo que discursos políticos: exige instituciones fuertes, transparencia, justicia y voluntad real de reconstruir el tejido social.
Mientras la seguridad siga siendo una promesa y no una garantía efectiva, millones de mexicanos continuarán viviendo entre la incertidumbre y la desconfianza. Y un país que vive con miedo difícilmente puede aspirar a una verdadera paz social.
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*Profesor-investigador de Tiempo Completo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores-Conahcyt (Nivel 1).