Por: Rafael Santacruz Lima *
En México, la ley existe, pero pocas veces alcanza. No por falta de normas, sino por la distancia brutal entre el papel y la realidad. La impunidad —entendida no solo como ausencia de castigo, sino como inoperancia del aparato estatal para garantizar verdad, justicia y reparación— se ha vuelto la constante en nuestro sistema penal. Hoy, el mayor delito parece ser confiar en que la justicia funcione.
Las cifras son elocuentes: más del 90 % de los delitos no se denuncian, y de los que sí llegan a manos de las autoridades, solo un porcentaje mínimo culmina en una sentencia. Según datos recientes, en México se castiga menos del 6 % de los delitos. En el caso de homicidios, feminicidios y desapariciones, la impunidad es prácticamente total. Esta realidad no es un accidente ni producto del azar: es consecuencia directa de un sistema diseñado para simular justicia, no para ejercerla.
El problema empieza desde la raíz: fiscalías sin capacidad investigativa, policías mal formados y peor remunerados, peritos sin herramientas ni independencia técnica, y jueces atrapados entre presiones políticas y expedientes mal integrados. En lugar de una cadena de justicia, tenemos una cadena de negligencias. Así, el proceso penal se vuelve un laberinto para las víctimas y una lotería para los imputados.
Pero el daño no se limita al ámbito jurídico. La impunidad genera un efecto corrosivo en la sociedad: alimenta el miedo, normaliza la violencia y legitima la desconfianza. Cuando el ciudadano percibe que denunciar es inútil —o incluso riesgoso—, opta por el silencio o la justicia por propia mano. Y así se perpetúa el círculo vicioso de la injusticia.
La situación es aún más grave cuando se considera el sesgo estructural del sistema penal. No todos enfrentan el mismo trato. Mientras delitos de cuello blanco se diluyen en tecnicismos y amparos, jóvenes pobres, indígenas y personas sin defensa adecuada terminan encarceladas sin juicio, víctimas de la criminalización y del uso excesivo de la prisión preventiva. La cárcel en México sigue siendo, en muchos casos, un depósito de inocentes.
Frente a este panorama, no basta con reformas superficiales. El sistema penal necesita cirugía mayor. Hay que fortalecer a las fiscalías con autonomía, recursos y controles efectivos. Es indispensable invertir en formación profesional y ética para todos los operadores de justicia. Se requiere un cambio de enfoque: pasar del castigo simbólico al acceso real a la verdad y la reparación.
La impunidad no solo es el fracaso del sistema penal, es el fracaso del Estado de derecho. Y mientras la ley siga sin alcanzar a quienes más la necesitan, la democracia será solo una promesa vacía. Romper con este patrón exige voluntad política, participación ciudadana y un compromiso inquebrantable con la justicia como derecho, no como privilegio.
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*Profesor-investigador de Tiempo Completo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores-Conahcyt (Nivel 1).