- El secreto estuvo centrado en “los montos máximos para las adquisiciones” y en las licitaciones.
El Petardo / La Opinión de Adolfo Tenahua Ramos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya le amarró las manos al titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, y a todo el séquito de achichincles que heredó de la exauditora Isabel Maldonado Textle. Ya no podrán ejercer el látigo político, pues la Corte les aclaró que su función es revisar los recursos estatales, que apenas representan el 10 por ciento del techo financiero de los ayuntamientos, y no los recursos federales.
Salas Miguela está atado de manos y, en Palacio de Gobierno, hay más de diez personajes profundamente molestos por la controversia promovida ante la SCJN para que los presidentes municipales dejaran de ser esclavos del Poder Ejecutivo y fieles servidores de sus intereses.
Pero eso no es lo más grave. La resolución, celebrada por decenas de alcaldes que no se atreven a manifestarlo públicamente porque son una bola de agachones deja abierta una sería de “porquerías y abusos” que se derivan de la ignorancia de la gran mayoría de los presidentes y ex presidentes municipales. Isabel Maldonado y Arturo Salas habrían avalado la fabricación de delitos instruidos desde el Congreso del Estado y orquestados por el bocón director de Asuntos Jurídicos, Jesús Huerta Ortega, en complicidad con el mediocre responsable de la Dirección Técnica, Héctor Escobar Pluma.
Se atrevieron a encarcelar e intimidar a autoridades y expresidentes municipales bajo el argumento de iniciar procesos legales para castigar la corrupción, el uso ilícito de atribuciones y facultades, así como para supuestamente recuperar millones de pesos aplicados fuera de la norma.
Sin embargo, este último argumento resulta una auténtica farsa, pues jamás se ha informado al pueblo sobre los recursos que presuntamente regresaron a las arcas públicas tras castigar a los supuestos infractores.
Fabricación de delitos
Bajo la ignorancia de los diputados locales de Tlaxcala se calificaron las cuentas públicas y se giraron instrucciones en los informes de resultados:
“Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que continuarán subsistentes conforme al Informe Individual, por lo que los servidores públicos del ente fiscalizable estarán obligados a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penal, o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Es decir, los congresistas se atribuyeron facultades que corresponden a la Federación, sin importar la violación a lo establecido en la Carta Magna, siendo ellos quienes deberían pugnar por el respeto irrestricto a las leyes.
Jesús y su mafia
Una vez en la cancha del director jurídico, se procedía a recibir instrucciones desde Palacio de Gobierno para determinar a quién o quiénes se les iniciaría un procedimiento legal por desobedecer a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros o, simplemente, por negarse a marchar al ritmo político que les imponían.
No se trata de una práctica reciente. La misma operación se habría ejecutado durante la gestión de Isabel Maldonado al frente del OFS durante el sexenio de Marco Antonio Mena Rodríguez.
El hilo de la madeja para castigar a los desobedientes
Desde las oficinas de la auditoría se concentraban en los “Montos máximos para las adquisiciones que podrán realizar las dependencias y entidades durante el ejercicio fiscal 2026”, donde se establece que las licitaciones se aplican a partir de los 2 millones 386 mil 348.01 pesos.
Asimismo, “se señala que a los poderes, municipios y órganos autónomos les sería aplicable un 30 por ciento de dichos montos”, es decir, 715 mil 904.67 pesos.
Una vez obtenidos esos datos, el OFS procedía a sumar todo lo gastado durante el año bajo ese concepto, el objetivo siempre fue cuadrar las cifras que justificaran el supuesto “delito”. Una vez detectado que el monto acumulado superaba el límite establecido y no existía licitación, iniciaba un procedimiento legal contra el “aparente” infractor por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Así ocurrió con el exalcalde de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, mejor conocido como “El Cachorro”, a quien encarcelaron bajo un criterio que hoy queda seriamente exhibido.
Sin embargo, la propia tabla de montos para adquisiciones refiere que las compras deben realizarse en una sola exhibición y al superar lo establecido se considera una irregularidad que recae en un delito.
Pero, mañosamente, el abogadete Jesús Huerta Ortega sumaba los montos esporádicos de todo el año para argumentar un supuesto mal uso de recursos públicos y así proceder penalmente por un presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
230 expedientes ilegales
Si realmente se castigara a quienes violentan las leyes y saquean al pueblo, los primeros en rendir cuentas deberían ser quienes integran el Congreso del Estado, junto con Isabel Maldonado, Arturo Salas y los creadores de esta presunta farsa jurídica: Jesús Huerta Ortega y Héctor Escobar Pluma.
Ambos son empleados de carrera y eternos funcionarios de porra dentro del OFS, personajes que mueven los hilos y maniobran al títere Arturo Lucio Salas bajo las indicaciones de doña Chabela.
Así es como se aplica la ley en Tlaxcala….
Y a quienes han pisado la cárcel por estos procedimientos, ni siquiera les han ofrecido una disculpa … pero si han servido de muestra para dejar en claro que en la tierra del maíz se aplica la “Ley de Herodes”.
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