Por Rafael Santacruz Lima*.
Las pruebas en el proceso penal tienen varios propósitos fundamentales que son esenciales para la administración de justicia. En primer lugar, permiten esclarecer los hechos presuntamente estimado como delito, reconstruyendo lo sucedido y comprobando la veracidad de las acusaciones.
En segundo lugar, son cruciales para determinar la responsabilidad penal del acusado. Esto implica identificar al culpable y su grado de implicación en el delito, lo cual es vital para decidir su culpabilidad o inocencia.
Además, las pruebas garantizan la protección de los derechos de todas las partes involucradas en el proceso, tanto de la víctima como del acusado. Aseguran que el juicio sea justo y equitativo, evitando decisiones arbitrarias.
Otro objetivo importante es proporcionar una base sólida para la decisión judicial. Las pruebas permiten a jueces y tribunales fundamentar sus decisiones en hechos verificables y objetivos, asegurando que los veredictos y sentencias sean justos y basados en la realidad.
En resumen, la prueba en el proceso penal es crucial para garantizar la justicia y la equidad en el sistema judicial. A través de la presentación y evaluación de pruebas, se busca esclarecer la verdad de los hechos, proteger los derechos de todas las partes implicadas y asegurar que las decisiones judiciales se fundamenten en elementos objetivos y verificables.
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*Profesor-investigador de Tiempo Completo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores-Conahcyt (Nivel 1).