Por Rafael Santacruz Lima*
Hay algo quizá más grave que vivir en un país con altos niveles de impunidad: acostumbrarnos a ella. Escuchamos de robos, fraudes, extorsiones o hechos violentos y muchas veces la primera pregunta es si la víctima denunció. Casi siempre aparece entonces una respuesta que se ha vuelto cotidiana: “¿para qué?, si no va a pasar nada”.
Los datos ayudan a comprender el tamaño del problema. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 del INEGI, durante 2024 más del 90 por ciento de los delitos no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación. Esa enorme cifra negra refleja algo más profundo que un problema estadístico: una creciente desconfianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.
La justicia penal comienza mucho antes de llegar frente a un juez. Comienza cuando una víctima considera que vale la pena acudir ante la autoridad porque espera que su denuncia será escuchada, investigada y resuelta. Cuando esa confianza desaparece, el sistema empieza a fracasar incluso antes de que se abra una carpeta de investigación.
La impunidad tampoco significa únicamente que una persona responsable no termine en prisión. Existe cuando una denuncia no se investiga, cuando una carpeta permanece durante años sin resolución, cuando no existen elementos suficientes para esclarecer los hechos o cuando las instituciones se limitan a administrar expedientes en lugar de resolverlos.
Frente a esta realidad, durante años hemos recurrido a una respuesta relativamente sencilla: aumentar las penas, crear nuevos delitos o ampliar los supuestos de prisión. Estas medidas pueden transmitir la impresión de firmeza, pero una sanción más severa sirve de poco cuando quien delinque considera improbable ser identificado, investigado y llevado ante un tribunal.
Por ello, el verdadero problema de nuestra justicia penal quizá no sea la falta de castigos suficientemente duros, sino la falta de certeza respecto de su aplicación. Un Código Penal puede establecer veinte, cuarenta o sesenta años de prisión, pero ninguna pena tendrá capacidad preventiva si existe una elevada expectativa de que el delito quedará sin esclarecer.
Combatir la impunidad exige fortalecer aquello que suele recibir menos atención pública: las fiscalías, las policías de investigación y los servicios periciales. Investigar correctamente significa reconstruir hechos, preservar indicios, obtener pruebas lícitas, identificar responsables y construir casos capaces de sostenerse ante un tribunal. Eso requiere profesionalización, recursos y responsabilidad institucional.
Pero tampoco debemos caer en el extremo contrario. La exigencia legítima de combatir la impunidad no puede justificar detenciones arbitrarias, investigaciones deficientes o condenas sin pruebas suficientes. Resolver la impunidad no significa encontrar culpables a cualquier precio, sino identificar y sancionar a quienes verdaderamente sean responsables.
Condenar a una persona inocente genera una doble injusticia: afecta gravemente a quien no cometió el delito y permite que el verdadero responsable permanezca impune. Por ello, los derechos de las víctimas y el debido proceso no son principios enfrentados; ambos dependen de investigaciones serias y de instituciones capaces de actuar conforme a Derecho.
La impunidad termina modificando incluso nuestra forma de vivir. Cambiamos rutas, evitamos determinados lugares, modificamos horarios y asumimos medidas de protección que poco a poco incorporamos como parte de nuestra vida cotidiana. El riesgo está precisamente allí: en comenzar a considerar normal aquello que nunca debería serlo.
México necesita recuperar la confianza en su justicia penal. No mediante discursos más severos ni únicamente con penas más altas, sino generando la certeza de que cuando se comete un delito habrá una institución capaz de investigar, esclarecer los hechos y ofrecer una respuesta efectiva.
Porque cuando una sociedad deja de preguntarse cuándo llegará la justicia y comienza simplemente a asumir que no llegará, la impunidad deja de ser solamente un problema de las instituciones y se convierte en parte de nuestra normalidad.
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*Profesor-investigador de Tiempo Completo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores-Conahcyt (Nivel 1).