De la ley de migración al hecho hay mucho trecho en Tlaxcala

Por: Alan Vigueras Salgado

Colectivo por una Migración sin Fronteras

Estamos cercanos a cumplir los primeros cien días de gobierno de la actual gobernadora, diputados federales, locales, presidentes municipales y de comunidad; en el que poco a poco se empieza a delinear la agenda de cada servidor y servidora pública a través de sus diferentes direcciones, planes y programas. Sin embargo, ¿qué papel está tomando la migración en Tlaxcala?

Sin duda, uno de los aspectos relevantes es la apertura del tema desde la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) al considerar a las y los migrantes en situación de retorno a través del convenio con Icatlax para la certificación de habilidades laborales en nuestro estado; así como la creación y/o seguimiento de las comisiones municipales de migración.

Sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer para atender la complejidad del fenómeno migratorio desde sus múltiples dimensiones, que – como hemos señalado constantemente organizaciones de la sociedad civil -, Tlaxcala es un estado de origen, destino, tránsito, retorno de personas migrantes y sujetas de protección internacional.

Esto implica contar con instituciones que tengan la capacitación y sensibilización para atender las diferentes complejidades por las que viven día con día miles de migrantes y familias en nuestro estado.

Sin ir muy lejos, hace un poco menos de un mes tuvimos la noticia del fraude hecho a tlaxcaltecas y poblanos/as para obtener visas de trabajo a Canadá. Alternativa que representaba una opción viable para diversas familias que se han visto afectadas en su economía por la contingencia sanitaria. Sin embargo, fueron estafadas.

Por otro lado, el flujo de migrantes centroamericanos, como en diversas ocasiones ha referido el Albergue La Sagrada Familia, continúa en aumento. Lo que sigue siendo un reto en políticas públicas para garantizar la atención y garantía de sus derechos humanos en su paso por Tlaxcala. Sin ahondar en el enorme reto que actualmente enfrenta el Sistema Estatal DIF para atender a niñas y niños no acompañados.

Además de ello, en nuestro estado – aunque previsto en la actual Ley de Atención y Protección a Sujetos Migrantes y sus Familias -, no cuenta con un diagnóstico, que permita identificar las diversas necesidades de familias impactadas por la migración en toda la entidad; afectaciones que van desde las psicosociales, hasta las jurídicas, económicas y sociales.

Estas afectaciones pueden atenderse a través de una adecuada planeación, coordinación y voluntad política en los diferentes poderes y niveles de gobierno, retomando aspectos importantes de la Ley que se encuentra vigente en nuestro estado; por ejemplo, la creación del diagnóstico, la elaboración del programa estatal de políticas públicas en favor de las y los migrantes y sus familias, así como la creación de las comisiones y enlaces de migración en los diferentes municipios que permitan estar cerca de las necesidades de nuestro estado.

Hoy las y los servidores públicos tienen una gran oportunidad de reivindicar la política estatal y municipal frente a miles de migrantes tlaxcaltecas y extranjeros que no han encontrado solución y atención a sus diversas problemáticas.

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