Ex presidentes municipales han ido a prisión bajo un esquema de inocencia, pero en Tlaxcala se aplicó la Ley de Herodes.
El Petardo / La Opinión de Adolfo Tenahua Ramos
Se terminó el látigo político en Tlaxcala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dejó en claro al corrupto y títere Arturo Salas Míguela, actual titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS), que su facultad debe limitarse a revisar y pedir transparencia a los ayuntamientos de los ingresos propios y recursos estatales. Lo federal es un tema que no es de su competencia.
Desde luego que esto le amarra las manos a la priista Lorena Cuéllar Cisneros, quien se ha mostrado voraz y autoritaria con los exalcaldes y actuales autoridades municipales; cada que puede les recuerda que “el peculado” es un delito que los llevaría a prisión, dejando entrever que las cuentas públicas son “el látigo” perfecto para someter a los rebeldes; incluso se utiliza como arma política para impulsar a su favorito para la sucesión.
A propósito de lo anterior, en una sesión, el pleno de la SCJN propinó un golpe de autoridad en defensa de la autonomía municipal y el orden federal. La resolución de la Controversia 245/2025 es una radiografía del atropello: “el OFS pretendía auditar indebidamente aportaciones federales del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, una tarea que la Constitución reserva exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación”. Dejó en claro el máximo tribunal que nunca existió convenio para que Arturo Salas se metiera en temas que no le incumben.
El Tribunal Constitucional de México determinó que el Poder Legislativo local, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS), el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción están incurriendo en actos y facultades que no son de su competencia.
Con este proceso legal que logró el Ayuntamiento de Contla, quedó en claro que los presidentes municipales y los exalcaldes que lo deseen pueden iniciar su respectivo litigio para mandar “al drenaje” a la bola de alacranes de la auditoría estatal y a la herramienta de tortura del “látigo político” que utilizan los del Ejecutivo para poner de rodillas a todo aquel que se quiera salir del huacal.
Antes de seguir, hay que dejar en claro que a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le corresponde revisar los recursos federales, es decir, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y el gasto corriente, que representan en su conjunto el 90 por ciento del presupuesto anual; el restante le pertenece al OFS, que contempla fondos estatales e ingresos propios.
Esta sería una oportunidad para que los exmunícipes Hidelberto Pérez Maldonado, de Zacatelco, “El Cachorro”; de Calpulalpan, Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez; el de Panotla, Eymard Grande Rodríguez; y el de Xaloztoc, J. Carmen Lima Vázquez, que pisaron la cárcel por una facultad que no le pertenece al estado, pudieran iniciar su proceso para revertir las acusaciones en su contra y proceder contra Arturo Salas y las autoridades que se han involucrado en las ilegalidades referidas.
En los hechos, las autoridades estatales ejercen su ley y hacen a un lado el contexto federal, y tuvo que ser la SCJN quien dejara en claro las competencias de cada uno; esto podría desatar una serie de represalias legales en contra de aquellos que han ordenado la aprehensión de “personas inocentes”.
Hostigamiento actual
Pese a lo aprobado por la SCJN, el auditor y chalán de la priista Lorena Cuéllar estaría ejerciendo “el látigo político” en algunos municipios como Xaloztoc, Huamantla y otras regiones que han mostrado rebeldía al no querer decantarse por el proyecto que viene impulsado para 2027 y que, desde luego, se aplica contra los de oposición o los que tienen dignidad política.
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