Por Rafael Santacruz Lima*.
El aumento en las penas de los delitos es una medida que a menudo se implementa con la intención de reducir la criminalidad y mejorar la seguridad pública. Sin embargo, su efectividad y consecuencias son objeto de debate.
Uno de los principales argumentos a favor del aumento en las penas es que puede disuadir a las personas de cometer delitos. La lógica detrás de esto es que, si las consecuencias de ser atrapado son suficientemente severas, los individuos pensarán dos veces antes de infringir la ley. También, otro argumento es que mayores penas pueden ser vistas como una forma de justicia retributiva, asegurando que los castigos sean proporcionales a la gravedad del delito cometido.
Sin embargo, no siempre está garantizado que el aumento de penas logre disuadir a los delincuentes. En muchos casos, los individuos no están al tanto de las penas aumentadas o no creen que serán atrapados. Además, algunos delitos son cometidos bajo la influencia de factores que no se ven afectados por el aumento de penas, como la adicción o la desesperación.
La evidencia empírica sobre la efectividad del aumento en las penas es mixta. Algunos estudios sugieren que las penas más severas no reducen significativamente la criminalidad, mientras que otros muestran un efecto disuasorio en ciertos tipos de delitos. En general, lo cierto es que las políticas penales deben ser equilibradas y complementarse con otras estrategias, como la prevención del delito, la rehabilitación y la reintegración social de los delincuentes.
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*Profesor-investigador de Tiempo Completo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores-Conahcyt (Nivel 1).