Por Rafael Santacruz Lima*.
El uso del ejército en tareas de seguridad pública puede ser considerado violatorio de derechos humanos por varias razones relacionadas con la naturaleza de las fuerzas armadas y su enfoque operativo. Estas instituciones están diseñadas para conflictos armados y no para la interacción con la población civil bajo las normativas de protección de derechos, lo que conlleva ciertos riesgos.
Las fuerzas armadas están entrenadas para enfrentar amenazas en situaciones de guerra, donde la respuesta es más rápida y letal. Este tipo de preparación no contempla los principios fundamentales de las fuerzas policiales, cuyo propósito es mantener el orden y proteger los derechos de las personas. La falta de formación adecuada en temas como mediación, uso de la fuerza proporcional y gestión de conflictos civiles puede derivar en abusos de autoridad.
En resumen, el involucramiento de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública puede debilitar el principio democrático de que las instituciones civiles controlan a las fuerzas militares. Este desequilibrio entre el poder civil y militar puede poner en peligro el estado de derecho y la democracia al otorgar a los militares un poder excesivo en la vida pública.
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*Profesor-investigador de Tiempo Completo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores-Conahcyt (Nivel 1).