En Tlaxcala hay un vínculo de los gobiernos con los tratantes de personas con fines de explotación sexual, pues los delincuentes les pagan más de 25 mil pesos al día, además de financiar campañas políticas y a candidatos, denunciaron activistas, quienes advirtieron sobre el riesgo al que las defensoras de los derechos humanos se enfrentan por su labor, al igual que las familias afectadas por este delito y las desapariciones.
Este fue el tema central en el encuentro con la sociedad organizado por la Alta Escuela para la Justicia, como parte del III Intercity: Italia, Argentina, Colombia y México, “Verdad y Justicia”, el cual realizó una parada en la entidad para conocer “cómo se vive” en este lugar. Se efectuó en el Instituto de Estudios Superiores Dante Aliguieri, donde asistieron jóvenes estudiantes y asociaciones.
Lucía Lotti, procuradora de Roma; Leonardo Montecchi, director de la Escuela de Prevención José Blejer; Paolo Pagliai, rector de la Alta Escuela para la Justicia y Alfredo Zacarías, director del periódico La República de Argentina, escucharon diferentes testimonios de personas.
Al referirse al papel del estado en Tlaxcala, Gloria Flores Toledo, activista y defensora, acusó que hay “un vínculo con el gobierno, desde lo municipal, donde está recibiendo financiamiento por parte de los tratantes, de más de 25 mil (pesos) al día, así se los digo, con elementos y con hechos. Estamos hablando de mucho dinero que financia campañas políticas, a candidatas y candidatos, esa es otra realidad”.
Existe –subrayó– una estructura sistemática en la que están involucrados quienes toman las decisiones “y quienes imparten, entre comillas, la justicia”. Dijo que se ha enfrentado a fiscales y a ministerios públicos “que me dicen, me valen madres los protocolos y me los avientan”.
En los hechos, las capacitaciones en materia de género y derechos humanos, de las que la autoridad da cuenta en los informes, “jamás existieron”, pues a los servidores públicos, a quienes “no dan ganas de acercarse por su actitud, parece que les molesta que se llegue a denunciar”, por ello muchas personas no lo hacen.
“Tienes hasta miedo de entrar a una procuraduría, porque te das cuenta que te están vigilando, porque ya orejearon y le avisaron al tratante (de personas), nos ponemos en riesgo. Estas son las condiciones que tenemos en Tlaxcala”, externó.
Para la activista, en Tlaxcala los periódicos “tienen línea” y los periodistas chayotean, es decir, “te doy una lana y no saques la información o dila de esta manera, no me afectes y ahí te va tu mensualidad o tu quincena”. Expresó que a los comunicadores les interesa la información “pero para orejear, no para hacer un trabajo de acompañamiento a un asunto comunitario social”.
Acentuó que en la entidad se vive con miedo, sobre todo a salir en la noche a la calle, por la posibilidad de sufrir un levantón, de aparecer muerta o desaparecida, para sumarse a la cantidad de mujeres en esta situación.
“Alguien una vez me decía, pero cómo crees, eso jamás se va a solucionar, porque están financiando, hay dinero de por medio, es una mafia. Seamos realistas aquí tenemos estructuras bien afianzadas y tenemos ubicado hacia donde están caminando, lo más terrible es ese vínculo”, agregó y refirió que en este momento, “estamos (las defensoras) en bajo perfil, por situación de riesgo”.
Por su lado, Miriam Pascual, directora de la Red Retoño, repasó que desde hace dos años esta organización civil ha intervenido en el problema de desapariciones de niñas y mujeres en Tlaxcala, el cual está “completamente invisibilizado”.
Precisó que su injerencia surge a partir del caso de la niña Karla Romero Tezmol de San Pablo del Monte, el cual puso al descubierto una serie de modus operandi, no solo de redes “sino de los servidores públicos para facilitar el trabajo” de esos delincuentes.
Hemos visto cómo se ha diversificado en 10 años el proceso de enganche y de desaparición –citó–, el cual va en aumento. Antes, los tratantes invertían meses o años en enamorar a la víctima y darle regalos costosos, “para justificar que estaba por su propia voluntad ejerciendo la prostitución”.
Sin embargo, actualmente las víctimas son más jóvenes. Puntualizó que antes del ingreso de la Red Retoño, la edad era de 23 a 28 años de edad, actualmente el rango documentado es de entre 11 y 25. “Ahora ya no es necesario que inviertan, pues las privan de la libertad violentamente, como a Karla”.
Tlaxcala es el estado más pequeño de la República y el “epicentro de la trata de personas”, junto con Puebla, catalogado así por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pese a que en 15 años se han realizado informes y diagnósticos, “la situación de impunidad continúa”, exhibió.
En este estado –añadió– existen nueve rutas nacionales e internacionales, no solo de captación, sino de tráfico y destino de víctimas. Esta problemática no se visibiliza con perspectiva de género, pues en algunos casos de niñas recuperadas se constató que vivieron violencia sexual durante su desaparición y también tentativa de feminicidio.
Resaltó que hay incertidumbre respecto de las estadísticas porque en 2017 la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) respondió, vía requisición de información, que únicamente había ocho personas desaparecidas, y al grupo de trabajo relativo a la solicitud de alerta de género, le contestó que solo eran cuatro.
Pero el Registro Nacional de Personas Desaparecidas “establece que cada 83 minutos desaparece un mexicano en este país, entonces no puede ser que en Tlaxcala, siendo catalogado como el foco rojo de la desaparición y tráfico de personas con fines de explotación sexual, esté exento de esta cifra alarmante”.
Refirió que la cifra negra ha de ser “bastante grande”, porque no se denuncia, como sucede en el municipio de San Pablo del Monte, ya que las familias son las que realizan la búsqueda porque desconfían de las autoridades, tienen miedo o están resignadas, a excepción de los padres de Karla, quienes han enfrentado al Estado para que se iniciara una averiguación previa, hasta ahora la única radicada por este motivo, y están por comenzar un proceso de carácter internacional.
Por una niña pagan hasta 20 mil euros: Pascual
Con apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), en enero pasado esta Red logró recuperar a una menor de edad, privada de la libertad en esta entidad pero fue trasladada a otra, abundó la activista, al tiempo de cuestionar la diferencia de buscar durante las primeras horas y con base en los protocolos, a no hacerlo de esta manera.“Rescatar a una niña no implica rescatar a una persona, sino proyectos de vida”.
El tema es complicado porque este negocio del tráfico sexual de mujeres y niñas “es una mafia muy grande”, porque una persona con características de Karla, virgen y de 11 años de edad, puede valer hasta 20 mil euros en otros países. “Por supuesto que va a pasar, porque pagan 25 mil pesos a cada servidor público para que no investigue, pierda videos y evidencias biológicas, semen, huellas de agresores e indicios de vehículos donde se las llevan”.
Realzó que a diferencia de otras organizaciones criminales, “aquí son redes comunitarias, familiares, y eso es lo más complicado, funcionan como empresa… se fortalecen, crecen” y se unen matrimonialmente para extender sus rutas hacia otros estados.
Autoridades estatales desacreditan a organizaciones, acusan
Criticó que las autoridades estatales han afirmado que hay niñas, adolescentes y jóvenes localizadas, “pero –denunció– les recomiendan que no se acerquen a la Red Retoño ni a otras organizaciones de la sociedad civil porque inventamos cifras y casos… desacreditan el trabajo que hemos hecho”.
A su vez, Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), también lamentó que la mayoría de periodistas está en la dinámica de impunidad e indiferencia, machismo y simulación, ya que “son contados los que aportan, no pasan de los dedos de una mano”, lo cual es preocupante por la forma en que los medios de comunicación contribuyen, pues la mayoría no cuestiona ni tampoco incide.
Las activistas enfatizaron sobre el riesgo “muy alto” en el que se encuentran ellas y las familias afectadas por el problema, “porque se están enfrentado al segundo negocio más lucrativo a nivel mundial, después del narcotráfico, pues una droga se vende solo una vez, mientras que a una niña, decenas al día”, recalcó Miriam Pascual.
Además, expuso que tanto las integrantes de organizaciones civiles como familiares de víctimas, son sancionados socialmente por parte de la propia comunidad.
En este foro, una joven profesionista y activista aseveró que en Tlaxcala “nada te garantiza llegar a tu casa” y que se “vive con miedo”. Relató que su sobrina la levantaron en San Pablo del Monte y sufrió abuso sexual.
Reprochó que las niñas violentadas pasen a ser un expediente más. Las y los integrantes de este III Intercity también se reunieron con familiares de víctimas, en privado.
Fuente: La Jornada de Oriente, Tlaxcala