Agustín CORONA
En sesión ordinaria del Congreso local, diputados aprobaron, con 24 votos a favor, la iniciativa enviada por la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros por la que se reforma la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Durante la lectura del dictamen, se dijo que “Derivado de la voluntad de otorgar a los municipios del estado de Tlaxcala y otras entidades públicas la posibilidad de anticipar y potenciar los recursos con que cuentan para impulsar el desarrollo de obras, acciones sociales básicas e inversiones en beneficio de los sectores de la población que se encuentren en pobreza extrema y localidades con alto y muy alto nivel de rezago social, así como organizar inversiones públicas de mayor impacto social que son necesarios para mejorar la calidad de vida a los habitantes del estado, así como permitir a los gobiernos locales, la posibilidad de realizar grandes proyectos de inversión y satisfacer las necesidades de la población sin tener que esperar a recaudar los ingresos en el ejercicio fiscal en el que se trate requeridos para ejecutar dichos proyectos y que, al mismo tiempo, no genere deuda a otra administración”.
La iniciativa tiene por finalidad facilitar a los entes públicos de allegarse de recursos al proponer que se reforme la ley a efecto de que a apoyo de los municipios se autorice la agrupación de estos para la contratación de financiamiento bajo esquemas globales de financiamiento.
De esta forma, se podrá autorizar por sí o cuando la gestionen de manera conjunta dos municipios y/o el poder Ejecutivo del estado esquemas globales de financiamiento en los cuales se determine los montos máximos de endeudamiento para cada municipio, la afectación en fuente de pago en garantía o ambas de las participaciones federales, aportaciones federales o cualquier derecho e ingreso que les corresponda susceptibles de afectarse de conformidad a la legislación aplicable.
Para ello, deberán solicitar ante el Congreso del estado la autorización de endeudamiento y en su caso la afectación en fuente de pago, garantía o ambas de las participaciones federales, aportaciones federales o cualquier derecho e ingreso que les corresponda susceptibles de afectarse de conformidad a la legislación aplicable.
La solicitud que presente el Ejecutivo deberá contener los requisitos siguientes, un dictamen emitido por el tesorero para justificar la necesidad del financiamiento, así como contemplar los beneficios que obtendrá la población.
Cuando el monto supere los 40 millones de unidades de inversión para el caso del gobierno del estado o los 10 millones de unidades de inversión será necesario presentar el análisis costo beneficio del proyecto, conforme a los criterios vigentes que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los Proyectos y Programa de Inversión.
Así, los ayuntamientos tienen una nueva opción para impulsar obras de desarrollo, sin necesidad de endeudar a las nuevas administraciones.