En Tlaxcala como en México, no se puede acallar al periodismo, sostuvo la diputada priista Blanca Águila Lima, quien reprobó la agresión perpetrada en contra de la periodista Ana Laura N. en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y criticó que el gobierno estatal por impedir el libre ejercicio de informar en Tlaxcala.
“Hoy vemos que en Tlaxcala resulta necesario callar la crítica periodística a través de actitudes que, como las ocurridas en contra de Ana Laura N., no hacen más que evidenciar el estado represor e intolerante que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros”, afirmó la legisladora durante la sesión ordinaria del Congreso del estado realizada este jueves.
Águila Lima subrayó que la erradicación de la violencia contra los periodistas en Tlaxcala requiere un compromiso serio por parte de todas las partes involucradas, desde el gobierno hasta la sociedad civil, sin embargo, lamentó que el mensaje que desde el gobierno federal ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones, haya permeado también en Tlaxcala.
“El mismo presidente López Obrador ha criticado a los periodistas por una supuesta falta de profesionalismo, y ha calificado a la prensa mexicana de parcial, injusta, de desecho del periodismo y de ser aliada de lo que él denomina la mafia del poder. Lamentablemente eso ha permeado ahora en Tlaxcala, y ejemplo de lo anterior es la violencia y discriminación que sufrió la reconocida periodista tlaxcalteca Ana Laura N. actualmente corresponsal del Grupo Milenio y ex corresponsal del no menos conocido Grupo Reforma”.
La periodista Ana Laura N. denunció, esta semana, presuntos actos de discriminación y violencia institucional por parte del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, luego de que fuera intimidada durante un acto público realizado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el momento que realizaba una cobertura periodística.
La misma reportera hizo la denuncia pública a través de su red social de Facebook, en la que señaló que personal de la Secretaría de Seguridad, presuntamente por órdenes de la Coordinación General de Comunicación Social, la quiso sacar del lugar e impedir su trabajo periodístico.