Pide diputado a presidentes municipales replantear estrategias de seguridad

El diputado local Rafael Ortega Blancas pidió al Ejecutivo del estado y presidentes municipales, replantear las estrategias de seguridad y de prevención del delito para garantizar a los tlaxcaltecas un ambiente de tranquilidad dentro del territorio estatal.

Señaló en asuntos generales de la sesión de este martes, que las autoridades deben redoblar esfuerzos para hacer un uso adecuado de los recursos en la seguridad de la población.

Expuso que de acuerdo con cifras oficiales del INEGI, la tasa de incidencia delictiva es de 27 mil 707 habitantes por cada 100 mil, lo que significa que un 32.1 por ciento de los hogares fueron víctimas de un delito dentro de la entidad tlaxcalteca en 2017.

Afirmó que esos datos reflejan la deficiencia en los mecanismos que hasta el momento han sido utilizados para la seguridad pública en Tlaxcala.

De la misma manera expuso que con base en datos del Semáforo Delictivo, durante los primeros 11 meses del 2017 se contabilizaron tres mil 94 delitos, siendo el principal el robo de autos y se registró una baja en robo a casa habitación y a negocio.

“En el primer caso, se generaron mil 841 autos robados, siendo Apizaco el municipio con el 22 por ciento de los casos totales, seguido por la capital del estado con 14 por ciento y Calpulalpan con el ocho por ciento; siendo julio el mes con la mayor cantidad de casos”, añadió el diputado local.

En ese sentido y en virtud de que representa a los habitantes de Apizaco, señaló que “no es posible que los habitantes de un municipio tan importante en términos comerciales, en el que todos los días se realizan transacciones económicas, tengan que vivir con temor y dejar de realizar sus actividades por la ola de violencia que se da en Apizaco”.

Por lo anterior, pidió al Ejecutivo estatal y a los municipios, principalmente al de Apizaco, replantear la estrategia en materia de seguridad pública y prevención del delito, para que se atienda de manera pronta y eficaz la exigencia legítima de todos y cada uno de los habitantes del estado.

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